La trágica contienda civil española ahondó las heridas del solar patrio, y aumentó las fisuras sociales, añadiendo dramas personales de difícil olvido. Que con el paso de los años, aunque se haya enfriado el ambiente por falta de la mayoría de los actores directos del conflicto, no por ello reduce su crudeza y dramatismo ante los descendientes de estos. Cumpliéndose así la conocida afirmación que toda guerra dura cien años.
De manera que en tan delicado tema resulta muy difícil ser aséptico, por los alcances que aún se derivan del enfrentamiento que dividió a España, y que conllevó excesos, injusticias, y crímenes por ambos bandos. Por lo que habríamos de tomar en consideración los deseos de uno de los actores principales, Manuel Azaña, que en el término de sus días pidió: “paz, piedad y perdón”.
Así la transición española fue capaz de abstraerse del conflicto guerracivilista, y en un periodo difícil para la convivencia social española, vino a consensuar unas pautas de comportamiento político que conllevaban el cierre del conflicto y la normalización democrática para la construcción de un nuevo sistema político, por lo que se promulgó la ley de amnistía, y de alguna manera se llevaba a efecto una auténtica pacificación de nuestra sociedad, que permitió el progreso económico social y político de nuestro país, y su integración en la esfera internacional entre las naciones libres del mundo.
Ahora bien, dicho lo cual, resulta de justicia que los familiares de personas ejecutadas durante el conflicto o con posterioridad al mismo, y en situación de desaparición, que tienen noticias que se encuentran en fosas comunes, puedan acceder a recoger los restos mortales de sus antepasados, y darles un entierro digno; siendo incluso deseable desde el punto de vista moral, como gesto de la auténtica reconciliación social.
Cuestión distinta resultaría que, después de todo el proceso de transición, con la amnistía general otorgada, al cabo de los años, emerja una corriente “justiciera” que intente remover en sede judicial aquellos crímenes –que además, para ser justos, habrían de ser enjuiciados los de uno y otro bando-, cuando además se da la circunstancia que la mayoría de los supuestos responsables de los mismos han fallecido. Tal hecho, más allá de ser de justicia parece reavivar viejas vendettas, sobre las que la sociedad española había dado el punto y final.
Y desde el punto de vista jurídico, más allá de la maraña interpretativa respecto de los crímenes contra la humanidad, tenemos una amnistía otorgada, la desaparición física de la mayoría de los supuestos autores, y la posible prescripción de los delitos.
Por todo, parece que en este asunto entre la memoria –cuyas demandas de familiares se están atendiendo justamente, por parte del Estado-, la justicia –cuya intervención parece ya extemporánea y legalmente controvertida- y la prudencia –en razón de la convivencia social y el pragmatismo de una sociedad moderna-, nos inclinemos por pedir que el presente asunto abandone la sede judicial, y siga siendo atendido en sede gubernamental.
