Sobre el oficio más antiguo del mundo, mucho se ha hablado y no tanto se ha hecho, para poder prevenir la caída en este fenómeno que en la mayoría de los casos tiene un alto componente de marginalidad social.
Según las épocas se ha tendido a su erradicación mediante la prohibición, o a su tolerancia, pero no siempre se ha tratado de abordarlo desde unas posiciones de prevención social, para que aquellas personas que no lo deseen no sean objeto de trato negocial con su cuerpo.
En nuestro país resulta una creciente realidad, que nunca dejó de estar, ni siquiera en los momentos de mayor persecución policial, por imperativo de la normativa penal. Pero en la actualidad, con el advenimiento del régimen democrático, no tiene la consideración de ilícito penal su ejercicio, aunque se mantienen tipos penales relativos a su explotación, como resulta el caso del proxenetismo, pero que no siempre tienen una justa determinación, en la mayoría de los casos, por su especial componente mafioso.
Personalmente, no pretendo dar prédicas de moral, ya que en edad adulta cada uno es libre de tomar opciones personales, y realmente este tipo de determinación no deja de ser personal. Pero lo que no me parece bien, ni ética ni socialmente, es que gran parte de esas personas tomen esta determinación bajo la presión de la necesidad, bien para sobrevivir económicamente, bien por la necesidad de costearse el vicio de la droga –pues en muchos casos, ambos submundos se entrecruzan-. Por consiguiente, en estos casos –que posiblemente sean la mayoría- no estamos ante una opción libre de la persona que decide dar el paso de ponerle precio a su acceso carnal.
Tal es la situación que se aprecia en los medios de comunicación con el caso de muchas mujeres inmigrantes, que ejercen el antiguo oficio, desde el engaño y por pura necesidad, e incluso coacción, según se refiere por parte de las mismas tras redadas policiales en locales de alterne, donde la policía se encuentra a muchas de estas mujeres en situación de auténtica esclavitud. Por tanto, es un hecho que el fenómeno migratorio trae a nuestra sociedad a muchas mujeres en estado de necesidad económica y social, que se ven abocadas a la práctica de la prostitución para poder salir adelante.
De manera, que el problema ha de observarse desde varios perfiles, y no sólo desde una falsa progresía de mero ejercicio de la libertad personal, que acaba concurriendo con el más rancio machismo de la explotación de la mujer, al menos en los resultados. Y tales perfiles han de contemplar necesariamente las realidades social y económica de las personas que se encuentran en dicha situación.
Así las cosas, lo oportuno parece empezar por ahí, de forma que ninguna persona se viera obligada por la necesidad a tener que entregar su cuerpo a otra por dinero; para lo cual ya existen experiencias en algunas ciudades de trabajo social con mujeres en esta situación para darles asistencia, enseñarles oficios alternativos, y trabajos para que salgan adelante, tanto ellas como sus hijos –pues en no pocos casos, el drama se agrava con la existencia de responsabilidades familiares a su cargo-, ante lo que una sociedad justa no puede mirar hacia otro lado. De forma que así muchas mujeres podrían salir de ese submundo sórdido.
Hechos estos deberes sociales, por parte de las diversas Administraciones Públicas, quedaría un resto de personas –naturalmente menor- que de forma libre tomara una decisión determinada en su vida, ante lo que la sociedad no puede decir nada más, que respetar, pero también exigir ser respetada, de forma que se lleve a cabo esa práctica no sólo libre, sino también discreta, evitando el escándalo y la molestia de su práctica callejera, regulando su situación sanitaria y social.
Entre tanto, hay otras medidas que también pueden contribuir a la reducción de este fenómeno, en el que tiene bastante que decir el sector de los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, ya que desde hace años las páginas de anuncios por palabras vienen plagadas de anuncios de prostitución. Lo que también da idea de la dimensión económica y social del fenómeno. Pero que de alguna manera contribuye a ese negocio mediante la inserción de anuncios muchos de ellos particularmente explícitos, que deberían de ser excluidos de dichos medios.
Por tanto, resulta necesario –cada vez más- la adopción de políticas activas que arbitren medidas de prevención de la prostitución, que incluyan entre las mismas la prohibición de dicha publicidad en la prensa. Y en todo caso, debería de haber un consenso deontológico entre los responsables de dichos medios de comunicación para cortar con dicha publicidad, y así entre todos iremos tomando medidas que ayuden a reducir el fenómeno de la prostitución a unos ámbitos de discreción y de auténtica libertad de los que actualmente está exorbitado.
