La masiva inmigración en España se vive, por gran parte de la ciudadanía, como un problema social de primera envergadura, especialmente en los momentos de crisis económica en que va entrando el país. Tal es así, que se situaba como una de las principales preocupaciones de los españoles, junto al paro, y la violencia terrorista.
Y realmente es un grave problema para España y para el resto de Europa, que sin embargo, no contemplan que nuestro país tenga una política uniforme y continua en materia de extranjería; pues desde la demagogia de los “papeles para todos”, hasta las soluciones otrora del PP de fletar aviones con inmigrantes a sus respectivos países para que allí realizaran los trámites administrativos y volverlos a admitir en España (“solución Fernández Miranda”), resulta claro que no hemos tenido una política clara y definida al respecto. Hasta tal punto, esto es así, que recientemente el ministro de trabajo ha aludido al excedente de inmigrantes sin trabajo, en un momento de recesión económica, cuando tampoco hay trabajo para los nacionales, como algo que necesariamente requiere urgente corrección, si bien la Vicepresidenta De La Vega, le enmendó la plana a renglón seguido, y restableció la tradicional ambigüedad oficial.
Resulta evidente que la polarización de la riqueza y el progreso material en una sola zona del planeta, expone pública e impúdicamente, la injusticia del norte – sur, que sigue sin corregirse, sino que por el contrario cada vez se ahonda más en la diferencia. Esas zonas del planeta postergadas tienen el mismo derecho, que los del norte rico, a la prosperidad económica y social. Pero parece que fueran fruto de una maldición, que les impide ese progreso. Y es que resulta necesaria una decidida y eficaz ayuda del norte rico sobre el sur pobre, más allá del dinero que se les ha estado enviando que no sólo no ha bastado para solucionar el problema, sino que ha sido acaparado por las élites locales para su enriquecimiento, aumento de la corrupción interna, y de las diferencias sociales.
Por otra parte, hemos de considerar el natural derecho de todo viviente de viajar y recorrer cualquier lugar de la tierra, y de emigrar para conseguir una vida más digna para sí y los suyos, especialmente cuando le es negada en su lugar de origen. Por tanto, desde el punto de vista ético y humanitario no sería ético negar el derecho a la emigración de las poblaciones.
Pero razones de orden público, social y económico, recomiendan que tales hechos no se produzcan de modo masivo sino proporcionado a los lugares de destino, pues de lo contrario sólo se conseguiría la exportación del problema económico y social. Hecho que cualquiera puede entender, por ser de pura lógica, pues no se puede exceder la capacidad productiva de un país, como no se puede exceder el pasaje de un barco, avión o vehículo respecto de su máxima carga, pues de hacerse la catástrofe será un hecho.
Así las cosas, se ha ido evolucionando hacia un mayor control del fenómeno migratorio en el entorno de la UE, seguido de una política exterior de acercamiento y colaboración con los países exportadores de estas masivas migraciones clandestinas, que han conllevado la firma de convenios reguladores de este fenómeno, con la posibilidad de devolución de los nacionales de estos países que se encuentran ilegalmente en España, lo que ha obligado a nuestro país a desembolsar grandes sumas de dinero, para que estos países se interesaran por controlar el hecho migratorio ilegal.
No obstante, esta semana hemos asistido a un incidente con Gambia, que tras recibir un vuelo fletado por el gobierno español para la expatriación de más de una centena de ciudadanos de esa nacionalidad, con una escolta de unos cien agentes de policía nacional, tras llegar al aeropuerto de destino el gobierno de Gambia prohibió el desembarco del pasaje, y tras largas horas de espera en el avión en condiciones infrahumanas, por el rechazo del gobierno de Gambia, hubo de volver el avión con su cargamento. Con lo que supone de gasto inútil para las arcas públicas españolas, y tomadura de pelo en el ámbito de las relaciones bilaterales por parte de las autoridades del país africano, con las que España concertó un convenio de cooperación de varios millones de euros. Dinero que jamás debió dar nuestro país al autoritario y místico presidente Yaya Jammeh, que gobierna un país cuyas circunstancias políticas y sociales llevan a su pequeña población de más de un millón de habitantes a tratar de buscar fortuna en Europa.
Por tanto, no siendo el incidente de recibo, dentro de un país con el que se mantiene un convenio ad hoc, considero que el ministro de exteriores español debería aclarar contundentemente la situación con Gambia, descontándole los 5.000 € de gastos del vuelo frustrado de las ayudas convenidas, y reenviándole rápidamente el pasaje. So caso, de tomar medidas superiores en el orden bilateral.
Jammeh, cuya excentricidad es conocida desde que expulsó de Gambia al representante de la ONU, por reprobar las afirmaciones de aquel sobre su capacidad de curar el SIDA por medios tradicionales, debe de entender que no se juega con España, que las dádivas ya se terminaron, y que no ha lugar a chantajes sobre nuestro país. Pues de lo contrario, este puede ser un mal precedente entre los países de la zona.
